viernes, 15 de noviembre de 2013

Un error de Google deja en entredicho la privacidad de los internautas

El pasado mes de septiembre, los usuarios de los servicios de mensajes de Google hicieron saltar las alarmas del gigante de internet, al detectar que algunos mensajes enviados a través de los servicios de Hangouts y Gtalk (el chat que se activa para los usuarios del correo de Gmail) llegaron a destinatarios no deseados. Lo que en numerosas ocasiones ocurre por errores humanos (enviar sin querer un mensaje o correo a otro destinatario por error) fue en este caso culpa de Google, que por unos momentos dejó en entredicho la privacidad de los internautas.


 


Aunque dicho error duró poco tiempo, dejó alguna pregunta en el aire, como qué responsabilidades podría asumir la compañía norteamericana por este mal funcionamiento de dos de sus servicios. Porque aquella mañana del pasado 26 de septiembre las redes sociales hirvieron. En pocos minutos estaban repletas de mensajes alertando de esta incidencia y algunos usuarios contaban casos concretos de situaciones embarazosas a las que se habían visto abocados por este fallo.



En juego estaban, además de numerosos quebraderos de cabeza, algunos problemas laborales y personales de los usuarios de estas herramientas de comunicación rápida. Imaginen que un mensaje confidencial llega al terminal de un tercero que no debería tener conocimiento del mismo. ¿Se podrían pedir responsabilidades a Google por esta violación, aunque breve, del secreto de las comunicaciones? 

La organización Facua-Consumidores en Acción no se lo pensó dos veces y denunció a Google ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por este fallo de seguridad. En su escrito, solicitó a la AEPD que “realice los controles e inspecciones oportunos para verificar si Google ha incumplido la normativa, obligue a la empresa a corregir esta grave vulneración y le aplique las sanciones correspondientes”.

Esta organización de consumidores indicaba que Google pudo haber vulnerado el “principio de seguridad de los datos”, regulado en el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, “por no contar con las suficientes medidas de seguridad en su red”.

La norma establece en este artículo que "el responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento, deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos".

Aquel 26 de septiembre, una responsable de Google calificó el incidente de “molestia”, en declaraciones a la edición digital del diario “20minutos”. “Afortunadamente no ha sucedido nada grave, por lo que no creemos necesario pensar en qué habría hecho Google. Sería algo puramente especulativo", dijo. Sin embargo, no es descartable que muchos perjudicados por este error acudan a la justicia para pedir una compensación al gigante tecnológico.

En su política de privacidad, Google se compromete a ponerse en contacto con la persona que haya formulado una reclamación “para hacer un seguimiento de la misma”. “Trabajaremos con las autoridades reguladoras competentes, incluyendo las autoridades locales de protección de datos, para resolver cualquier reclamación relacionada con la transferencia de datos de carácter personal que no hayamos podido solucionar directamente con el usuario", señala.

En cualquier caso, Google lleva mucho tiempo bajo la lupa de la UE, a quien nunca le ha convencido su política de privacidad. La ausencia de explicaciones sobre la finalidad de guardar los datos de usuarios que navegan a través de su buscador, así como la no delimitación del periodo de conservación de los mismos, ha provocado que Francia haya abierto un expediente a Google que puede terminar en una sanción de hasta 300.000 euros. Por otro lado, los reguladores europeos en materia de Protección de Datos se oponen a una explotación combinada de los datos de un usuario para los diferentes servicios del buscador.


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